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Derecho a la Educación

Posted by Profe Martinelli en 7 julio 2008

Derecho a la Educación

fuente: Unicef – Argentina

 

La meta de alcanzar el derecho a una educación de calidad en forma universal para cada niño, niña y adolescente constituye un desafío crucial, ya que la educación tiene implicaciones directas en la posibilidad de ejercer otros derechos y, además, imprime sus efectos en la pobreza y en la meta de alcanzar un desarrollo con justicia social.

En el Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 2, Argentina estableció como meta para el año 2015 lograr que todos los niños, niñas y adolescentes puedan completar la educación básica (10 años de escolaridad completos). Además, la reciente Ley de Educación Nacional establece la obligatoriedad de la educación secundaria, lo que eleva a 13 años esta meta. Esto demanda nuevas respuestas de políticas del sector educativo, así como los esfuerzos de articulación y alianzas de los distintos sectores.

En el nivel inicial de educación, la asistencia de los niños y niñas a servicios educativos es relativamente homogénea para los niños de 5 años, pero no en aquellos de 3 y 4 años: a los 3 años, el 50% asiste a este nivel de enseñanza en el Gran Buenos Aires (GBA) y solamente el 10,5% en las provincias del Noroeste Argentino (NOA). A los 4 años, el 73,5% asiste en el GBA, frente al 30,6% en el Noreste Argentino (NEA). (Fuente: elaboración propia de UNICEF, en base a EPH, INDEC/MECON, octubre 2006). 

La educación básica se caracteriza por su alta tasa de cobertura, casi universal, combinada con altas tasas de repitencia y sobreedad. El fracaso escolar es un problema a enfrentar ya que marca posibilidades presentes y futuras de los niños y niñas. La tasa de repitencia para los seis primeros años de educación básica es del 6,5%, con provincias que alcanzan el 11.5% y otras que están cercanas al 2,5%. Los grados 7º, 8º y 9º son los que manifiestan el mayor porcentaje relativo de repitencia (10,4%), con valores más elevados en las provincias del NEA (Fuente: CGECSE/SsCA/MECyT en base a información de DINIECE/MECyT Relevamientos anuales 2003-2004).

En la educación básica se observan problemas de calidad que pueden revertirse fortaleciendo políticas destinadas a mejorar la escuela; sin embargo, hay otros problemas derivados del contexto, como es el trabajo infantil. Además, se presentan situaciones de vulnerabilidad y violencia, como el maltrato, abuso, explotación y la discriminación, que impactan sobre las posibilidades educativas de los niños, niñas y adolescentes.

El nivel medio, avanza en sus niveles de cobertura, pero no tiene capacidad suficiente para sostener con calidad a la población escolar y contiene los más altos porcentajes de abandono del sistema. Es, precisamente, en la educación destinada a los adolescentes donde se hace evidente el nudo más crítico del sistema escolar. El acceso y la retención con calidad de los adolescentes exigen propuestas innovadoras y escuelas y profesores formados en nuevas áreas del conocimiento, teniendo en cuenta las nuevas problemáticas, lenguajes y culturas, así como los cambios en las formas de acceso a la información y las necesidades de participación en una sociedad exigente, desigual y cambiante.

El nivel de repitencia en el primer año del polimodal alcanza un promedio de 11,4% y llega a un valor máximo provincial de 16,5%. En tanto, el nivel de sobreedad para el total nacional es de 35,9%, alcanzando valores máximos provinciales de 53%. Esto marca poblaciones escolares diversas, con distintas necesidades que requieren no sólo diferentes formas de apoyo y estrategias pedagógicas, sino atenciones integrales que den respuestas a sus problemas. El abandono escolar en el nivel polimodal llega al 18,9% para el total país, con provincias cercanas al 21.5%. (Fuente: CGECSE/SsCA/MECyT en base a información de DINIECE/MECyT Relevamientos anuales 2003-2004).

Las desiguales oportunidades están reflejadas también en las posibilidades educativas según el nivel de ingreso de los hogares. En este sentido, de los jóvenes de 20 a 29 años que terminaron la escuela secundaria, el 72.5% viene de contextos no pobres, mientras que sólo el 28.4% viene de contextos pobres. (Fuente: elaboración propia de UNICEF, en base a EPH, INDEC/MECON, Octubre 2006).
A pesar de que los niveles de cobertura escolar (niveles básico y secundario) están entre los más altos de la región, no todos los que ingresan a la escuela la culminan. La población entre 6 y 18 años fuera del sistema educativo alcanza a 1.154.961 personas. Es decir, la exclusión educativa impacta sobre el 13,2% del total de niños, niñas y adolescentes. (Fuente: INDEC, Censo de Población y Vivienda, 2001).

En este contexto, hay que mencionar la especial situación de la niñez indígena. La información sobre la situación socioeducativa de los pueblos indígenas es insuficiente; sin embargo es posible señalar la desigualdad y la vulneración del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes indígenas. Para el sector de la población Wichí en Chaco, Formosa y Salta, en el rango de edad de 20-29 años, de un total de 5969 personas, sólo 1528 (25.6%) terminaron la primaria y 290 (4.8%) terminaron la secundaria. Para el sector de la población Toba en Chaco, Formosa y Santa Fé, en el mismo rango de edad, de un total de 6840 personas, sólo 2383 (34.8%) terminaron la primaria y 278 (4%) la secundaria. (Fuente ECPI, INDEC/MECON 2004-2005). Los problemas se centran en la insuficiente oferta educativa fundamentalmente de escuelas secundarias, en la calidad de la educación básica destinada a estas poblaciones y en la formación de los maestros.

En los años recientes las respuestas del gobierno en materia educativa han logrado una expresión significativa en la sanción de nuevas leyes, que otorgan importantes oportunidades para alcanzar las metas de una educación de calidad para todos. La Ley de Financiamiento Educativo asegura recursos crecientes hasta alcanzar un presupuesto de educación consolidado equivalente al 6% del PIB hacia 2010. Por su parte, la Ley de Educación Nacional introduce, entre otras innovaciones, el reconocimiento del derecho de la educación como bien público o la creación de nuevas modalidades educativas. Además, el Ministerio de Educación creó en el marco de esta Ley el Instituto Nacional de Formación Docente, con funciones estratégicas para promover cambios en uno de los pilares de la calidad educativa.
 

 

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